Si este tipo de acontecimientos no ponen en guardia a las autoridades de Colombia, creo que nada lo hará, como bien refleja esta columna editorial del diario El Tiempo:
“Solo en estas tierras macondianas un minusválido en silla de ruedas secuestra un avión en pleno vuelo y durante seis horas tiene en vilo a sus ocupantes y a las autoridades. Insólito, pero cierto. Por fortuna, el hecho no terminó trágicamente, pues se llegó a temer una repetición del episodio en el que las Farc desviaron un vuelo en esa misma ruta para secuestrar a un congresista del Caquetá.
El lunes, Porfirio Ramírez, un hombre llevado por la desesperación, burló los filtros de seguridad del aeropuerto de Florencia y secuestró la aeronave, tras amenazar con activar dos granadas que estaban en su poder. El que el secuestrador hubiera exigido que la aeronave se dirigiera a Bogotá para ser estacionada en el aeropuerto militar de Catam permitió establecer que no se trataba de una acción terrorista de la guerrilla.
Fuera del carácter insólito de este secuestro aéreo sin precedentes, resultan bien preocupantes la informalidad y la laxitud de los controles de seguridad de uno de los aeropuertos supuestamente más vigilados del país, por estar enclavado en una región estratégica del conflicto armado. De nada sirvieron el detector de metales y el escáner por los que tienen que pasar los pasajeros antes de subir a bordo. Los ingenuos inspectores creyeron hacer una obra de caridad al darle un trato preferencial a quien después, ya montado en el avión, amenazó con activar dos granadas (¿cómo y dónde las obtuvo?) que tenía en su poder.
Todo hace prever que de aquí en adelante de los escáneres no se salvará ni el gato. Y no deja de ser paradójica la comparación entre el débil control en la capital del Caquetá y las requisas a veces exageradas y exasperantes en el aeropuerto de la capital del país.
Hay quienes han abogado por que al responsable del secuestro se le trate con especial consideración por su drama personal y familiar. Ramírez invocó la desesperación que le producía la situación económica y de salud de él y de su familia para intentar justificar el delito. Es sin duda conmovedora la historia del minusválido, quien llevaba más de 10 años a la espera de una indemnización –negada por la Justicia– por la lesión que le produjo una bala disparada por la Policía en el curso de un allanamiento.
Pero nada justifica la violencia a la que apeló y, menos aún, el secuestro de ciudadanos inocentes, cuyas vidas puso en evidente peligro.
Su dramática situación puede servir de atenuante a la hora de que el juez dicte la condena. Pero, por más desgarrador que sea su caso, no debe prestarse para que el gravísimo delito cometido por Ramírez sea objeto de excesiva clemencia.”